¿El Gobierno de la Ciudad de México entregó este 7 de agosto más de 3 mil acciones de vivienda, con una inversión superior a 525 millones de pesos, como parte de los programas de Mejoramiento de Vivienda, Vivienda Nueva Progresiva, sustentabilidad y escrituración. Durante el acto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció además una estrategia de regularización de unidades habitacionales y asesoría jurídica para propietarios que enfrentan riesgos relacionados con la falta de certeza sobre sus inmuebles.
De acuerdo con el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, en esta entrega se otorgaron 3 mil 196 financiamientos del programa de Mejoramiento de Vivienda, que beneficiarán directamente a 10 mil 866 personas de las 16 alcaldías. Los recursos pueden utilizarse para concluir viviendas, realizar ampliaciones, reparar instalaciones, impermeabilizar, mejorar baños y redistribuir espacios, entre otras obras.
A estas acciones se sumaron 759 financiamientos de Vivienda Nueva Progresiva, con una inversión cercana a 187 millones de pesos. El esquema busca aprovechar lotes familiares donde las condiciones jurídicas y técnicas lo permitan para construir nuevas unidades habitacionales, una alternativa que el gobierno plantea ante el hacinamiento y el incremento de los costos de vivienda y renta en la capital.
La dimensión del problema también fue señalada por Brugada. La mandataria reconoció que el hacinamiento afecta especialmente a niñas y mujeres, debido a la reducción de espacios privados, la sobrecarga de cuidados y una mayor exposición a situaciones de violencia. Bajo ese argumento, sostuvo que el mejoramiento de viviendas no sólo representa una política habitacional, sino también una intervención vinculada con seguridad, bienestar y derechos.
El programa contempla además 265 apoyos para incorporar ecotecnologías, como calentadores solares e instalaciones ahorradoras de agua. Según la Secretaría de Vivienda, 64 por ciento de los financiamientos entregados está encabezado por mujeres y cerca de nueve de cada 10 acciones se concentran en familias con ingresos de entre uno y tres salarios mínimos. Las obras previstas generarían 6 mil 392 empleos directos y 320 indirectos.
Uno de los componentes centrales de la jornada fue la entrega de escrituras. La Secretaría de Vivienda informó que fueron otorgadas 434 escrituras a personas que concluyeron el pago de sus créditos de vivienda social. Con esta entrega, el gobierno capitalino señaló que se acerca a 2 mil 500 escrituras entregadas durante 2026, cifra que, de acuerdo con la dependencia, representa un incremento cercano a 150 por ciento respecto del promedio anual previo del Instituto de Vivienda.
La escrituración adquiere relevancia frente al problema del despojo de inmuebles, uno de los asuntos que el gobierno capitalino pretende atender mediante una política de regularización. Brugada anunció que se realizará un censo y diagnóstico de las unidades habitacionales de interés social cuyos habitantes carecen de escrituras, con la intención de implementar un programa de regularización que reduzca trámites y costos.
La estrategia también contempla una defensoría jurídica especializada en asuntos relacionados con la propiedad. La Consejería Jurídica de la Ciudad de México participaría mediante asesorías gratuitas y, para sectores prioritarios como adultos mayores, mujeres solas, personas con discapacidad y población en situación de pobreza, se prevé incluso representación legal ante posibles conflictos patrimoniales.
El anuncio también exhibió un problema que puede complicar la atención institucional: no todas las denuncias que llegan bajo el concepto de despojo corresponden necesariamente a ese delito. La jefa de Gobierno informó que de nueve denuncias recibidas un día antes, sólo una correspondía a un posible caso de despojo, mientras que siete estaban relacionadas con conflictos familiares por propiedades. Esto evidencia la necesidad de distinguir entre disputas de carácter civil, problemas sucesorios y hechos que puedan constituir un delito.
En ese contexto, el gobierno capitalino también planteó acuerdos con el Colegio de Notarios para facilitar la regularización de propiedades intestadas y reducir los costos asociados con trámites sucesorios y de escrituración. La estrategia busca atacar una de las condiciones que pueden incrementar la vulnerabilidad patrimonial: inmuebles cuyos propietarios han fallecido o cuyos derechos no han sido formalmente actualizados.
En materia de financiamiento, Brugada afirmó que los créditos del Instituto de Vivienda están dirigidos a personas que enfrentan dificultades para acceder al financiamiento bancario. Señaló que los apoyos no contemplan intereses y que los beneficiarios deben devolver una proporción de sus ingresos, con el objetivo de mantener el fondo disponible para otras familias.
El Gobierno de la Ciudad de México informó que durante 2026 ya se han autorizado 10 mil 825 acciones de mejoramiento, con una inversión acumulada superior a mil 775 millones de pesos. La administración también reportó que trabaja en la construcción de 9 mil viviendas adicionales y mantiene como meta realizar más de 30 mil acciones de vivienda durante este año, dentro de un objetivo sexenal de 200 mil acciones, de las cuales 80 mil serían viviendas nuevas.
Más allá de las cifras anunciadas, el reto será convertir estos programas en soluciones sostenibles frente al hacinamiento, el encarecimiento del suelo, la falta de escrituras y los conflictos patrimoniales que afectan a miles de familias. La propia información presentada por las autoridades muestra que la política de vivienda no se limita a construir nuevas unidades: también requiere mantener, ampliar, regularizar y proteger jurídicamente el patrimonio existente.
La administración capitalina sostiene que estas medidas forman parte de una política para favorecer el arraigo y contener el desplazamiento de familias por el aumento de los precios del suelo y las rentas. Sin embargo, el alcance de esa estrategia dependerá de la capacidad institucional para ampliar la cobertura, agilizar los trámites de regularización y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los sectores con mayores necesidades habitacionales.
